Incapacidad judicial del empresario. Es causa de extinción de contratos aunque sus hijos asuman la gestión del negocio

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El titular de la empresa, perceptor de pensión de jubilación en el RETA, continúa su actividad hasta el inicio del proceso para su incapacitación civil, fecha a partir de la cual el negocio es gestionado por sus hijos. El proceso de incapacitación finaliza mediante sentencia de 27-5-13 que declara al empresario incapaz. El 12-7-13, los hijos comunican la liquidación y cierre del negocio lo que comporta la extinción de los contratos laborales por la incapacidad judicial del empresario (ET art.49.1.g).

Una de las trabajadoras presenta demanda de despido que el Juzgado de lo Social desestima. El TSJ Castilla-La Mancha revoca la sentencia declarando la improcedencia del despido. Considera que la legitimación de la causa extintiva queda enervada por el hecho de que los hijos asumieran la actividad empresarial desde el inicio del proceso de incapacitación hasta la fecha de la extinción del contrato, que se produjo en fecha posterior a la de incapacitación. La representación legal de la empresa formula recurso de casación para la unificación de doctrina aportando como sentencia de contraste la dictada por el TSJ Madrid 6-2-12, EDJ 32493.

El TS considera razonable que durante la tramitación del proceso de incapacitación, de 8 meses de duración, los hijos asumieran la dirección de la empresa pues resultaría más dificultoso extinguir el contrato de trabajo aduciendo la incapacidad de hecho de quien se está pretendiendo la correspondiente declaración judicial.​ Respecto del plazo de extinción de los contratos, el TS recuerda que el ET no exige ningún plazo para que los sucesores decidan la continuación o finalización de la actividad empresarial, sino que se debe entender implícita la existencia de un plazo razonable para adoptar la decisión. La finalidad de este plazo es facilitar la liquidación y cierre del negocio, o incluso su posible transmisión, y su duración depende de las circunstancias concurrentes en cada caso, teniendo en cuenta la complejidad que puede revestir la propia liquidación. En este sentido, no parece excesivo, sino prudencial, que el proceso de decisión no llegara a mes y medio.

Por otro lado, la sentencia del TSJ recurrida considera que la causa invocada, la incapacitación del empresario, requiere para su efectividad la aplicación del procedimiento del despido colectivo (ET art.51). Al respecto, el TS señala que la propia Ley limita la obligación de seguir estos trámites tan solo para la extinción de la personalidad jurídica del contratante sin hacer ninguna otra mención a los otros 3 supuestos del ET art.49.1.g –muerte, jubilación o incapacidad del empresario-. Además, si el ET proclama que la incapacidad del empresario es causa extintiva del contrato de sus empleados, la lógica impone que para validar la extinción no puede ser exigible que se incardine en ella otra causa, como la fuerza mayor que argumenta la sentencia recurrida.

Por ello, el TS estima el recurso de casación para la unificación de doctrina revocando la sentencia dictada por el TSJ Castilla-La Mancha.

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